Cuba y la eliminación de prohibiciones.

Dr. Darsi Ferrer Ramírez, activista por los DDHH en Cuba,
director del ilegal Centro de Salud y de Derechos Humanos
"Juan Bruno Zayas", de La Habana.
LiberPress- El Instituto Independiente

La Habana, abril de 2008

La eliminación de algunas prohibiciones de las muchas que agobian la existencia de los cubanos denota la renuncia de los gobernantes al argumento ideológico como instrumento de perpetuación en el poder y marca las profundas diferencias sociales dentro de la sociedad.

Reconocerle a las personas el derecho a hospedarse en un hotel, de rentar un automóvil o comprar una línea de teléfono celular, son medidas de progreso, bien vistas por la población, a pesar de que estos servicios sólo beneficien a unos pocos, pues se cobran en moneda convertible, a precios incosteables para el cubano común.

Un fin de semana en una de las habitaciones de un hotel cuesta unos 500 CUC como mínimo, lo que significa el salario de varios años de trabajo de un médico o un abogado, al cambio oficial de 24 pesos nacionales por un peso convertible.

Son medidas coyunturales, pues no implican cambios en las estructuras del modelo totalitario sino meras modificaciones. Buscan causar un impacto en la opinión pública a favor de las expectativas de reformas generadas con la asunción de los nuevos gobernantes, como demuestra la gigantesca campaña publicitaria alrededor de su imple-mentación.

Resulta simple la vía de solucionar muchos de los graves problemas que afectan a la nación, basta con partir del reconocimiento y la protección de las libertades básicas. Es absurdo hablar del derecho a disfrutar servicios y mantener las prohibiciones de las libertades económicas para poder sufragarlos.

No hace falta ser gurú para comprender que los sucesores hereditarios se aferran al poder y manipulan con falsos espejismos para garantizar su supervivencia. Su política sigue ajena a las perentorias necesidades de las personas.

Las medidas adoptadas por estos días reconocen derechos protegidos desde antes por la legislación vigente en el país y que, de modo ilegal e inmoral, se prohibieron por decretos. No se vería como una victoria en España, Martinica o Chipre que sus ciudadanos puedan acceder a los servicios turísticos de sus respectivos países, o comprar ordenadores y DVDs.

El gobierno sigue sordo a los reclamos de la población, poco se habla de soluciones reales a los problemas neurálgicos con afectación general como la vivienda, el transporte, la alimentación, de eliminar las restricciones a las libertades económicas, políticas, civiles. Menos aún se les exige responsabilidad a los dirigentes “iluminados” que llevaron al extremo el deterioro de la situación nacional, algunos de los cuales se presentan en estas circunstancias como la nueva alternativa para salir de la crisis

¿Qué sucederá ahora con los miles de jóvenes que cumplen sanción en las prisiones por el “delito” de merodear cerca de las instalaciones turísticas?

¿Alguien les pedirá disculpas a esos jóvenes o a sus familias?

¿Saldrán de libertad inmediata o seguirán considerados como peligrosos sociales por los gobernantes?

Es obvio que las “medidas liberadoras” no son de beneficio popular sino que privilegian a limitados sectores de la sociedad, entre ellos a los “sacrificados” comunistas que cruzan los dedos mientras hablan de igualdad, de justicia social y por supuesto, insisten en pedirle al pueblo que se colme de paciencia y espere otro medio siglo para alcanzar condiciones elementales de vida.

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