FRACASO ESPERADO
Oscar Espinosa Chepe,
Economista y Periodista Independiente
El
Sr. Carlos Lage, Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros, en
la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, efectuada el 1
de septiembre de 2005, anunció: ”…Se ha decidido acometer en lo que
resta de este año y el 2006 un programa de no menos de 150.000
nuevas viviendas y 380.000 acciones constructivas de conservación y
rehabilitación, muy superior a lo aprobado nunca antes en nuestro
país.” Asimismo, planteó la meta de edificar 100.000 viviendas
anuales a partir del 2007.
Pasado el tiempo se ha podido comprobar el fracaso
de ese proyecto. A finales de 2006 se anunció que se habían
construido 110.000 viviendas ese año, en su mayoría terminaciones de
obras empezadas en etapas anteriores. Sin embargo, en junio pasado,
el propio Dr. Lage calificó esa cifra como falsa, sin que hasta el
momento se haya brindado el monto real del fondo habitacional
creado.
Hasta mayo de 2007 sólo se han terminado 16.241
viviendas de un Plan para todo el año de 70.300, lo que indica
claramente el fracaso del propósito inicial elaborado sin ninguna
base real; ajeno absolutamente a las condiciones y las posibilidades
actuales de la economía cubana, inmersa en una crisis de
proporciones colosales.
La situación es sumamente grave, por ser el problema
habitacional uno de los más serios que afronta el país, según
fuentes oficiales. El Instituto Nacional de la Vivienda (INV), en un
informe presentado a mediados de 2005 reconocía que el 43,0% del
fondo habitacional se encontraba en mal y regular estado. Muchos
especialistas consideran conservador ese porcentaje, si se tiene en
cuenta que en el Censo de 1981 el 50,0% de las viviendas tenían
filtraciones y el 4,0% estaba apuntalado. Desde esa fecha, el
mantenimiento en general no ha mejorado, sino por el contrario,
empeoró como consecuencia del Período Especial y la carencia
generalizada de recursos; sin olvidar los destrozos provocados por
fenómenos metereológicos en años recientes.
Por tanto, la situación habitacional en Cuba se
sitúa en un callejón sin salida y únicamente está garantizado el
permanente hacinamiento de la población, con las consecuencias
perniciosas que comporta para el sano desarrollo de la familia,
piedra angular de la sociedad. La carga burocrática para la
construcción es enorme, lo que se ha reflejado en extensos artículos
publicados recientemente por el periódico Juventud Rebelde.
A ello se añade la falta de materiales y mecanismos
adecuados para desarrollar planes coherentes, a fin de iniciar la
solución de este complejo problema, del que ni siquiera escapan los
trabajadores considerados destacados. En la provincia Granma, de un
Plan en el 2007 de 833 unidades a edificar, sólo se había terminado
1 hasta fines de abril. Situaciones análogas se evidencian en
Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Guantánamo, que son las de
peor cumplimiento, pero la situación es muy difícil en todo el país.
El problema se agrava por la deficiente calidad de
las viviendas terminadas, construidas con cubiertas de techo
sumamente ligeras y endebles, que pudieran ser afectadas por los
recurrentes ciclones y fuertes lluvias que azotan Cuba, a lo que
debe agregarse la ausencia, en ocasiones, de conexiones apropiadas a
la red hidráulica y sanitaria, la carencia de canalización adecuada
para las aguas albañales y otras condiciones que faciliten una vida
digna a los moradores.
Muchas obras se realizan sin el adecuado
asesoramiento técnico ni la mano de obra especializada, con
materiales cuando son conseguidos, muchas veces carentes de los
parámetros requeridos, lo que redunda en la baja calidad de las
obras.
Desafortunadamente, soluciones a estos problemas no
existen. Continúa el excesivo papeleo y burocratismo para recibir
autorización para construir, los trámites engorrosos para conseguir
materiales y la falta de libertad para la creación de grupos de
constructores especializados, todo lo cual incrementa el deterioro
del fondo habitacional, potenciado por la continuada ausencia del
mantenimiento indispensable a las edificaciones existentes, con
daños irreparables que agudizan la escasez de viviendas.
Solución a estos problemas podría encontrarse
mediante una política de construcción y rehabilitación de viviendas
sobre la base de dar libertad a los ciudadanos para hacerlo por
cuenta propia, así como acceso a los recursos. Ayudaría
extraordinariamente otorgar la propiedad real de las viviendas a los
actuales usufructuarios onerosos, con opción de repararlas,
cambiarlas o venderlas según sus necesidades. Estos activos, de ser
entregados en propiedad, también podrían servir como garantías de
préstamos para financiar pequeñas empresas productivas o de
servicios, como ya han propuesto centros de estudios radicados en el
exterior.
En estas condiciones, deberá
promoverse la iniciativa individual y cooperativa, en particular,
mediante el incremento de las facilidades en la venta de materiales
y medios de construcción.
Hasta que esto no suceda
continuarán aumentando las viviendas en malas condiciones, el
hacinamiento y la promiscuidad con sus fatales consecuencias
sociales.
